Por: Augusto Álvarez Rodrich
Allá el ingenuo alegre porque el presidente declaró a favor de la libertad de expresión para apagar el incendio creado por sus congresistas, pero allá también los que, por defender principios, obvian la urgencia de promover la ética en el periodismo peruano.
Ante la reacción unánime de la prensa, el gobierno tuvo que retroceder en el proyecto sobre rectificación periodística presentado por el congresista aprista José Vargas y apuntalado por Mercedes Cabanillas en la comisión de Constitución.
El premier Javier Velásquez señaló que la iniciativa de su partido era inoportuna e innecesaria, y el presidente Alan García dijo que “es componente fundamental de la democracia la más irrestricta y absoluta libertad de expresión y la libertad de prensa, y así siempre será defendida por mi gobierno”.
La sospecha, sin embargo, es legítima. ¿Cabanillas, con su experiencia, no midió el calibre de esta iniciativa? ¿Vargas se mandó nomás sin consultar con nadie de su bancada?
Tampoco se pueden obviar todas las expresiones de incomodidad del presidente García contra la prensa porque, desde su punto de vista, esta no refleja los avances de su gobierno, además de hechos como el cierre arbitrario de radios de provincias por sus contenidos –como La Voz de Bagua Grande–; iniciativas del hoy ministro Aurelio Pastor para amenazar a la prensa libre; el intento frustrado de controlar Canal 5; o las arengas para llenar diarios y blogs con quejas que –sazonadas de insultos– ya realizan con entusiasmo los compañeros.
Ante la reacción unánime que produjo la torpe iniciativa del congresista aprista, al gobierno no le quedó otra opción que retroceder aun a costa de dejar a Cabanillas y Vargas como huaype sucio, pero la prensa debe seguir alerta con el fin de evitar intromisiones indebidas en los medios.
Sin embargo, tan importante como la defensa de la autonomía de la prensa debe ser la promoción de los principios de un periodismo ético, profesional, decente y honesto, el cual, lamentablemente, no está generalizado en el país.
Hay propietarios que creen que la empresa periodística está exonerada de impuestos o de obligaciones básicas con sus trabajadores. Asimismo, hay periodistas que –a veces con el consentimiento del propietario– usan el medio como chaveta y el insulto como bandera para arreglar problemas personales, el chantaje y la ‘mermelada’, denuncian sin verificar y niegan la rectificación legítima.
La intromisión del gobierno para solucionar estos problemas solo los agravaría, por lo que no debe meter las manos, pero eso no debe impedir el reconocimiento de que la agenda ética del periodismo es compleja y urgente.
