POR QUÉ EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA HA TRASLADADO LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE ISLAY AL PRÓXIMO GOBIERNO? Por: Juan Aste Daffós (MPP) 07 abril 2011 Frente a los crecientes conflictos socioambientales en el sector minero, siendo el de mayor incidencia el protagonizado por Southern Peru con el Proyecto Tía María
y la población de Islay en Arequipa, y a la inexistencia de una adecuada metodología de evaluación de los Estudios Ambientales (EIAs, PAMAs, DIAs y otros) y al déficit del personal técnico del ministerio para evaluarlos, y que habían producido un embalse de Estudios Ambientales a ser evaluados, el Ministro Pedro Sánchez firmó el 23 de noviembre del 2010 un convenio con UNOPS para revisar 100 Estudios Ambientales en un año con la producción de observaciones y recomendaciones para el Ministerio de Energía y Minas, así como para elaborar un sistema estandarizado de revisión interdisciplinaria y paralela de Estudios Ambientales, que incluya procedimientos, protocolos, manuales y un módulo de gerencia completamente informatizado. UNOPS, a cambio de revisar los 100 Estudios Ambientales del sector minero y energético y de implementar un sistema de evaluación de los mismos, recibiría 6 millones de dólares del Ministerio de Energía y Minas.
En el convenio, por su carácter general, no se especificó la evaluación del EIA del proyecto Tía María, sin embargo, el mismo 23 de noviembre que se firmó el convenio, el Ministro comprometió a UNOPS a evaluar el EIA del proyecto Tía María, pero sin consultarle. Aún así UNOPS aceptó evaluar este EIA con posterioridad a la firma del convenio, razón por la que el 01 de diciembre del 2010 se publicó la Resolución Directoral Nº 398-2010/MEM/AAM firmada por Felipe Ramírez, Director de Asuntos Ambientales Mineros, por la que se le encargaba a UNOPS revisar el EIA del proyecto Tía María.
Lo cierto es que el 03 de marzo del 2011, cuando UNOPS estaba concluyendo la revisión del EIA del proyecto Tía María en medio del conflicto generado por la imposición de este proyecto en Islay, el señor Felipe Ramírez, Director General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, y funcionarios que lo acompañaban, informan a UNOPS la suspensión del Convenio aduciendo que el 28 de diciembre del 2010 el MEF había emitido una norma que no permitía usar los saldos (no gastados) del 2010.
El Ministerio oficializó la cancelación del convenio el 07 de marzo del 2011. La verdad es que el 6 de diciembre del 2010, el Ministerio de Energía y Minas ya había depositado un primer depósito de un millón de dólares a UNOPS y el 31 de enero, en la segunda reunión del equipo de coordinación, el Ministerio de Energía y Minas informó a UNOPS que depositaría los 5 millones de dólares restantes el 15 de febrero y no señaló restricciones presupuestales. Con la garantía de dichos recursos, UNOPS hizo una convocatoria internacional, eligió a 14 técnicos peruanos, alquiló una oficina por un año y compró los equipos para el funcionamiento de dicha oficina. Desde el 03 de marzo, el Ministro Pedro Sánchez no accede a reunirse con la alta dirección de UNOPS. Sin embargo, el 16 de marzo esta entidad entregó al ministerio un informe con 138 observaciones al EIA del proyecto Tía María de Southern Peru, vía correo y mesa de partes. Entre las tres observaciones de mayor preocupación están que: el EIA no cuenta con un estudio hidrogeológico (agua y suelo); el agua a utilizarse no sería del mar sino de un estero; y que Southern no solo explotaría cobre sino oro, dejando sin informar sobre el procesamiento para la extracción del metal precioso, que previsiblemente usaría mercurio.
Lo inaceptable es que luego de cancelar el convenio, el Ministerio de Energía y Minas no quería recibir el informe de UNOPS. ¿PORQUÉ EL MINEM CANCELÓ EL CONVENIO CON UNOPS Y PORQUÉ AHORA POSTERGA POR 180 DÍAS LA REVISIÓN DEL EIA PASÁNDOLO EN LA PRÁCTICA AL PRÓXIMO GOBIERNO? ¿Los argumentos dados por el Director General de Asuntos Ambientales Energéticos dan una explicación razonable? NO porque él afirma que: - Hay restricciones presupuestales para contratar la evaluación con un tercero; - Ya no hay tanto apuro en contratar a terceros para evaluar los estudios ambientales porque se han reducido a 200 los expedientes entrampados; - Hay razones electorales que han entorpecido el diálogo con los dirigentes del Frente de Defensa del Valle del Tambo, por lo que es mejor que el caso se vea en el próximo gobierno.
EN RESUMIDAS CUENTAS: Es evidente que ninguna de las razones dadas por el ministerio de energía y minas para postergar la revisión del EIA y trasladar la resolución del conflicto al próximo gobierno es válida. Lo cierto es que UNOPS ha presentado 138 observaciones que cuestionan la viabilidad del proyecto, por lo que para el ministerio de energía y minas es un “mal precedente” que se sigan evaluando rigurosamente los proyectos mineros. porque ello “paralizaría las inversiones mineras”.
Este hecho, conjuntamente con la muerte de un agricultor de Islay por la policía nacional en la movilización social del lunes 04 de abril y la reafirmación del frente de defensa del valle del tambo por la continuidad de la huelga sin la realización de elecciones hasta que se decida que el proyecto tía maría no va más, son los factores que explicarían la decisión del gobierno de postergar por 180 días la evaluación del EIA y la resolución del conflicto trasladándolo al próximo gobierno.
El gobierno de Alan García ha querido imponer un proceso de aprobación del EIA del proyecto minero tía maría, pero ha sido derrotado por el pueblo de Islay que ha hecho respetar el resultado de la consulta reafirmando su opción por un valle del tambo productivo, con soberanía alimentaria y sostenible que no incorpore la actividad minera.
El pueblo de Islay ha logrado derrotar políticamente a este gobierno, es un triunfo histórico que ha costado la vida de cuatro personas y de tantos heridos como encarcelados. Esta manera de responder con brutal represión se repite sistemáticamente cada vez que la población pide una autentica democracia y se resiste a ser considerado insignificante. La criminalización de la protesta social nos indica que seguimos ante un gobierno ilegítimo, que obliga por la fuerza pública a cumplir leyes que representan la tiranización de la ciudadanía. Pero también seguimos con las luchas populares, que son una respuesta de necesaria insumisión y aleccionadora desobediencia. 
