A cuatro meses del fin del régimen aprista, el Ejecutivo aceptó la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, José Antonio Chang. En el sorpresivo e inusual relevo, según se ha sustentado en “motivos profesionales”, ha entregado la jefatura del Gabinete a la actual ministra de Justicia, Rosario Fernández. Si bien se ha querido minimizar la juramentación de este quinto Gabinete, no deja de llamar la atención la oportunidad con que se ha producido, lo cual explica la polémica generada en diversos ámbitos políticos.
A pocas semanas de los comicios, la tarea del Gobierno es garantizar la normal transferencia del Estado a quien resulte el próximo presidente de la República. Los cambios en el Gabinete, sin embargo, originarán que los ministros acudan al Congreso –imaginamos, después de los comicios del 10 de abril–, para su ratificación.
Según la nueva presidenta de la PCM, Rosario Fernández, el gobierno aprista no solo se ha comprometido a mantener la neutralidad en el proceso electoral, sino que cumplirá con efectuar una transferencia debida, correcta y transparente.
No obstante, considerando que el régimen no se ha mantenido al margen 
de las elecciones, sino que incluso se ha convertido en un elemento perturbador de estas, el país tiene derecho a exigir que ahora sí cumpla con alistar la transferencia ordenada a los nuevos equipos que asumirán el poder este año. No solo es lo que corresponde, sino lo que debe ser y establece la ley.
La ministra Fernández, cuestionada en el pasado por la defensa que hizo de algunos personajes vinculados al régimen fujimorista, tiene en sus manos una función muy delicada que la ciudadanía espera cumpla, como ha señalado, transparentemente. (El Comercio).
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