Pensión 65, el programa social
bandera de este gobierno, dirigido a los adultos mayores, se ha convertido en
una coladera de irregularidades a espaldas de funcionarios que no tienen idea
de lo que realmente sucede en el interior del país.
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Dueños de parcelas, con negocios,
con casas de material noble que disfrutan incluso de comodidades como servicio
de cable, poseen televisores pantalla plana y costosos equipos de sonido, son
considerados como ‘pobres’ por Pensión 65 e increíblemente reciben la
subvención de 250 soles de los que, a todas luces, no son merecedores.
Cuarto Poder viajó al distrito de
Supe, en la provincia de Barranca, a sólo dos horas y media al norte de Lima,
donde este programa social que se convirtió en la principal promesa electoral
del presidente Ollanta Humala es manejado sin adecuado control perjudicando de
esta forma a quienes en verdad lo necesitan.
En una casa de dos pisos, de
material noble y con acabados de mayólica vive Héctor Calderón Trujillo. No es
un adulto mayor cualquiera. Es nada menos que el suegro de David Nishijima, el
alcalde de Supe.
Esto no tendría nada de malo,
sino fuera porque es la Municipalidad de este distrito la que, a través de sus
unidades de focalización de hogares, determina quiénes son pobres extremos y
elabora la lista de beneficiarios de Pensión 65.
Al suegro del alcalde de Supe lo
encontramos escuchando por radio las noticias locales que daban cuenta del por
qué de nuestra visita a su chacra. Pueblo chico, infierno grande.
Cumpliendo su promesa electoral,
El presidente Ollanta Humala lanzó Pensión 65 hace casi un año para proteger a
aquellos adultos mayores que viven en la precariedad absoluta sin los medios
económicos para acceder a una canasta mínima de consumo alimentario y mucho
menos a pensión alguna. A ellos, previa calificación, el Estado les entrega
cada dos meses una subvención de 250 soles.
Sin embargo, en Supe, Pensión 65
les ha caído del cielo a personas como el suegro del alcalde que gana dinero
trabajando sus chacras, vive holgadamente, pero que aún así, se considera en
extrema pobreza.
Este afortunado campesino con
herencia adelantada probó suerte con Pensión 65 y se aseguró el futuro
perjudicando a otros peruanos que en verdad la necesitan.
Este carro rojo, usado como taxi
colectivo, es de Luis Alberto Calderón Rojas otro de los beneficiados. Su auto
le genera un ingreso de 20 ó 30 soles diarios.
Con la pensión gubernamental que
recibió por primera vez, don Luis Alberto pagó sus recibos vencidos de agua y
luz cuando este dinero debió estar en manos de quienes en Supe no tienen ni
para alimentarse dignamente.
Mientras en Supe hay adultos
mayores en total abandono que no saben ni qué es Pensión 65, don Luis Alberto,
muy fresco el, ya hace planes con el dinerito extra que cobrará una vez más
dentro de poco.
Pero en la lista de beneficiarios
de Pensión 65 también está Teófanes Saldaña García, padre del regidor de Supe,
Omar Saldaña Trujillo, que vive cómodamente en esta casa que también utiliza
como tienda de abarrotes en el centro poblado San Nicolás.
Otros pensionistas con suerte
también son el teniente gobernador de El Porvenir, Adrián García Romero y Lidia
Sims, ambos esposos, padres de Mario García, Sims jefe de la Unidad de
Abastecimiento de la Municipalidad de Supe, quienes viven en esta amplia casa
de ladrillos.
Fuimos en busca del alcalde de
Supe, David Nishijima, para que explique cómo se evaluó a los pobres extremos
de su ciudad y por qué no incluyó a Nieves Espinoza, una anciana desamparada
que fue inscrita hasta cuatro veces en Pensión 65, pero que, irónicamente, no
calificó como pensionista.
Esta beneficiaria vive en La
Campiña de Supe. En su impecable casa tiene las comodidades que cualquier
anciano en extrema pobreza sonaría con tener.
Los funcionarios de Pensión 65
sostienen que no son los responsables de lo que sucede en el puerto limeño.
Reportaje: Matilde Soto / Cámara:
Elmer Valdiviezo / Edición: Alfonso Ego Aguirre
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