Por Nury García Córdova
La revocatoria es un derecho político incorporado en la Constitución de 1993 como un mecanismo de democracia directa y como tal está regido por la Ley de Participación Ciudadana, para que todos los peruanos y peruanas tengamos la oportunidad de reafirmar o no a nuestros representantes en el gobierno.
Pero si bien la revocatoria es un derecho ciudadano, ello no supone que sea un mecanismo adecuadamente regulado por lo que se evidencian más límites que posibilidades en la búsqueda de una real democracia.
A continuación algunos límites:
El kit de revocatoria se puede comprar sin comprobar una causa.
No tiene que ser demostrado para que suceda.
No se pide la fuente del financiamiento para la campaña de recojo de firmas.
No hay garantías para que no se produzca por venganza política o complot para acortar el período de gestión. Esto puede facilitar el camino a un conjunto de personas, grupos o partidos que nunca aceptaron el triunfo del alcalde; o que por venganza buscan castigarlo, por ejemplo, porque hizo un ordenamiento minero, porque sanciona la corrupción de trabajadores ediles, no acepta coimas de constructoras, otros servicios o distribuidoras.
No queda precisado que el derecho de control ciudadano sólo puede ejercerse en torno a la gestión municipal realizada, por lo que, por ejemplo, se plantean como causales delitos como colusión, peculado y malversación de fondos, los cuales se resuelven en el Poder Judicial.
Según el JNE, la consulta popular de la revocatoria del año 2012 se realizaría en Setiembre, por lo que los resultados se conocerían a mediados de Octubre. Las elecciones complementarias deberían realizase dentro de 90 días, según la Ley de Elecciones Municipales; es decir, a mediados de Enero del 2013. Es en febrero que ya se tendría una nueva autoridad que sólo dispondría de diez meses para trabajar (el resto del 2013), pues el 2014 es año electoral, año en que no se puede exhibir ni hacer obras.
No está demostrado que la revocatoria haya permitido una mejora en la calidad de la democracia a nivel municipal. Como refiere Sinesio López, analista político, “la revocatoria no existe en la gran mayoría de países, pero sí en aquellos de gran inestabilidad política, regímenes populistas y autoritarios”.
Sobre las posibilidades de la revocatoria para lograr las sentidas y legítimas demandas de la población, es que sería necesario que se diera en un sistema político fuerte, algo que aún no tenemos en el país, para que no sea usado por los opositores de turno, quienes utilizan este mecanismo en contra del rival político, tergiversando su real fin, que es una genuina participación ciudadana en la búsqueda del bien común.
La propuesta de os Juristas es que la legislación para revocatorias debe corregirse para favorecer eficientemente a la democracia representativa. Para el abogado Bernales la revocatoria es un derecho constitucional que debe ser mejor legislado y llenarse los muchos vacíos que tiene. De esa manera se evitarán abusos y que genere mucha inestabilidad en la población. Deben establecerse claramente cuáles son las causales para poder solicitar una revocatoria y hasta qué punto cualquier vecino puede gestionarla. Además se debe saber de dónde proviene el financiamiento de una campaña de revocatoria, y establecer garantías para que la misma no se utilice para fines no democráticos.
El constitucionalista Julio César Castiglioni refiere que la revocatoria debe ser mejor reglamentada, que se modifique la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano. Debe existir causas debidamente probadas y debe haber un sólo pedido de revocatoria en los 4 años de gestión. Específicamente, en julio del segundo año.
La revocatoria nos recuerda también que ser ciudadano no es sólo un derecho sino que también es un deber, el de participar en la vida comunitaria de la localidad, aportando, proponiendo, vigilando, co-gobernando en los diversos espacios que la ley ampara. Tengamos en cuenta la responsabilidad que todos y todas tenemos en la preparación y elección de nuestros y nuestras representantes, no esperar el año electoral y menos dar nuestro voto a quienes sólo buscan beneficios personales, en contra del Bien Común y el Buen Vivir.
